diciembre 3, 2024

Fortalecimiento de las universidades públicas, propone PAN en San Lázaro

Redacción

La Federación debe estar obligada a promover la creación y adecuado funcionamiento de las universidades públicas, en colaboración con las entidades de la República, aunado a que se requiere establecer en la ley reglas claras sobre el financiamiento a esas instituciones, propuso el integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Miguel Monraz.

En una iniciativa de reforma constitucional, pidió establecer que las universidades públicas tendrán acceso a un presupuesto que no podrá ser menor al asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Lo anterior, en el contexto de la polémica por el recorte de aproximadamente 10 por ciento, aplicado por el Ejecutivo Federal a la educación superior en el Presupuesto 2025.

Blindar presupuesto a universidades públicas

La reforma al artículo 3 de la Carta Magna señala que las instituciones de educación superior con autonomía, tendrán autogobierno, administrarán su patrimonio con eficiencia, transparencia y honradez.

Agrega que cumplir con la obligatoriedad de la educación superior es tarea del Estado.

Añade que las autoridades federales y locales establecerán políticas para promover la inclusión, permanencia y continuidad en ese nivel educativo.

“Será obligación de primer orden de la Federación, con el apoyo de las entidades federativas, fortalecer el funcionamiento de las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, garantizando que su presupuesto anual sea superior al asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior”, dice el texto.

Incumple México compromisos en materia de educación

En la argumentación, el promovente señaló que el país no está cumpliendo con la obligación de garantizar el derecho de acceso a la educación para todos los mexicanos.

Refirió que de acuerdo a revisiones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al iniciar el anterior gobierno, entre 2018 y 2020, el rezago educativo subió 0.2 puntos porcentuales.

Si bien la cifra luce menor, agregó, esto significa que casi 7 millones de personas de 3 y hasta los 21 años, no asistieron a la escuela ni tienen educación obligatoria; aunado a que los más afectados fueron quienes tienen entre 16 y 21 años, ya que no pudieron terminar la primaria ni la secundaria.

El estudio muestra que hay 12 millones de mexicanos mayores de 16 años, nacidos entre 1982 y 1997, que no terminaron la secundaria; y casi 5 millones de personas de 16 años o más, nacidos antes de 1982, que no acabaron la primaria.

“¿Qué nos dicen estos números? En general que aún hay millones de niños, adolescentes y jóvenes que al momento no están recibiendo ningún tipo de educación formal, lo cual es preocupante. Los números coinciden con el Índice de Rezago Social que publica el mismo Coneval, el cual señala que de 2015 a 2020 la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela aumentó en un 2.6 por ciento”, añadió.

A lo anterior se suma, dijo, la deficiencia en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior, lo cual da como resultado que apenas un alumno o por mucho dos alumnos de cada 100 en el país, lleguen a estudios de posgrado.

Aunado a esto, señaló, por cada 6 egresados de la educación superior se genera sólo un empleo; y la enseñanza está desvinculada de los temas de vanguardia, necesidades sociales y emergentes.

“La Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (2019) indicó que al menos 1.3 millones de jóvenes que concluyeron su preparatoria intentaron continuar sus estudios universitarios sin éxito, mientras que otros 603 mil desistieron de seguir estudiando”, refirió.

También se ha estimado de que cada 100 alumnos de educación superior, 21 son los que terminan sus carreras, sólo cuatro realizan maestría, y apenas uno llega al doctorado.

Ante tal situación, calificó como “prioritario apoyar la educación superior desde la Carta Constitucional. Es necesario, que establezcamos con claridad de quién será la responsabilidad primaria de apoyar económicamente a estas instituciones”.